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Insuficiencia alimentaria.
Estrategias para la superación de la pobreza en el medio rural.
(Ideas para generar la discusión)
En el mundo se producen más alimentos de los necesarios para atender las
necesidades alimenticias de toda su población, sin embargo existen 840 millones
de personas en condiciones de malnutrición y hambre.
A escala mundial existe la tecnología necesaria para producir excedentes de
alimentos y crear reservas estratégicas, sin embargo con frecuencia deben
destruirse millones de toneladas para restablecer “los equilibrios” y hacer
funcionar la “lógica del mercado”.
Mientras en el África Subsahariana los niños se mueren de hambre, en los
países desarrollados y en los llamados en vías de desarrollo, la obesidad se ha
convertido en uno de los principales problemas de salud pública.
México se mantiene en niveles inaceptablemente altos y es que los niveles
actuales de pobreza, son similares a los registrados a comienzos de los años 90,
hecho que muestra que los últimos 15 años han sido una pérdida en combatir
esa condición que afecta a más de la mitad de los mexicanos, más del cincuenta
por ciento de los habitantes del país son pobres, debido en gran medida a la
gran desigualdad en los ingresos, la décima parte más rica de la población gana
más del 40 por ciento de los ingresos totales, mientras la décima parte más
pobre solo obtiene 1.1 por ciento. Además contribuyen a la pobreza la profunda
desigualdad regional y étnica y las diferencias en cuanto al acceso a la salud, a
la educación y a los servicios públicos de buena calidad.
Según el Banco Mundial, alrededor de 53 por ciento de los 104 millones de
habitantes están en esta situación, definida como un nivel de consumo por
debajo de las necesidades mínimas de alimentos básicos y algunos otros bienes
no alimentarios básicos. Cerca del 24 por ciento de la población es considerada
“extremadamente pobre”, es decir, con un ingreso insuficiente incluso para una
nutrición adecuada.
En el medio rural de nuestro país, uno de cada seis niños padece desnutrición
activa en alguno de sus grados, lo que afecta su crecimiento y maduración,
colocándolo en desventaja para el aprendizaje escolar, este es un problema que
esta ligado a la pobreza y sigue el mapa de la miseria que se genera en el país,
el llamado desarrollo desigual permite crear tres zonas donde la intermedia y la
del sur presenten los mayores problemas. Mientras en Sonora cerca de 87 por
ciento de los niños registra un crecimiento normal, en Guerrero –sobre todo en la montaña- 63 por ciento esta desnutrido y 10 por ciento padece de
desnutrición en tercer grado, que es la más grave.
El hambre.
Es la manifestación más extrema de la pobreza y la privación humana.
El hambre en un mundo caracterizado por la abundancia no sólo es una
vergüenza moral, sino que es también una violación del más fundamental de los
derechos humanos, el derecho a una alimentación sana y suficiente.
El hambre comporta grandes costos económicos: la salud y la productividad de
las personas, el crecimiento de las naciones y el uso sostenible de los recursos
naturales quedan gravemente comprometidos por el hambre. Las personas
hambrientas son incapaces de trabajar a pleno potencial, son más débiles, más
precarias en salud y carecen de la capacidad para ahorrar e invertir.
El hambre es a la vez causa y efecto de la pobreza. Las personas que
padecen hambre no encuentran fácilmente la vía de salida de su pobreza. Las
personas hambrientas tienen que ocuparse a fondo en su intento por subsistir,
porque sus actividades están centradas en la lucha por encontrar la siguiente
comida.
El hambre reduce la capacidad de los niños para crecer y aprender hasta todo su
potencial. Las personas hambrientas no pueden realizar trabajos físicos
pesados, caen enfermas con mayor frecuencia y tienen mayor probabilidad de
morir cuando son todavía jóvenes, lo que es todavía peor, el hambre se perpetúa
cuando las madres desnutridas procrean niños débiles, malnutridos y con
grandes deficiencias. Se crea así un círculo vicioso de hambre y pobreza, del
cual los pobres y hambrientos difícilmente pueden salir sin ayuda externa.
El hambre es el resultado de un círculo perverso, por un lado reproduce la
pobreza y por otro hace más ricos a los ricos.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 1996, convocada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
(FAO), hizo un llamado para que se redujera a la mitad el número de las
personas hambrientas para el año 2015, sin embargo si no se adoptan medidas
firmes y a la medida del problema, este objetivo no será alcanzado en el año
2015. Los avances son insuficientes a la fecha y nos indican que de no tomar
medidas radicales ahora, no se cumplirán los compromisos.
Con una inversión pública adicional estimada en aproximadamente 24,000
millones de dólares al año, dirigida a los países pobres, sería posible alcanzar el
objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) y reducir a la mitad,
en forma sostenible, el número de personas hambrientas para el año 2015. Al alcanzarse este objetivo y en consecuencia, se producirían beneficios
adicionales por valor de al menos 120,000 millones de dólares al año, ya que
esta población viviría mejor, más tiempo y más sana. Así pues, la lucha contra el
hambre no es sólo un imperativo moral, sino una fuente de grandes beneficios
económicos.
Los Recursos Naturales.
La tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales hacen posible
que la agricultura, la pesca y la silvicultura contribuyan a la producción de
alimentos y al desarrollo rural. Si se combinan con tecnologías adecuadas,
capital financiero, mano de obra, infraestructura e instituciones, su productividad
aumenta.
Esta combinación de recursos y de ingenio humano ha hecho posible que la
producción alimentaria mundial crezca más rápidamente que la demanda a pesar
de la menor disponibilidad de tierra per cápita y de recursos hídricos y la
tendencia a la reducción de los recursos genéticos.
Para que las necesidades alimentarias puedan atenderse en el futuro, el
aumento de la producción deberá proceder sobre todo de una utilización más
intensa y eficiente de estos medios limitados de producción. Al mismo tiempo,
habrá que adoptar medidas adecuadas para detener la destrucción y
degradación de los recursos naturales.
La garantía de la inocuidad y la calidad de los alimentos es un aspecto esencial
de la seguridad alimentaria, ya que los alimentos contaminados son una causa
importante de enfermedades y mortalidad. Todos debemos invertir urgentemente
en crear una mayor capacidad institucional para asegurar niveles superiores de
inocuidad y calidad de los alimentos y de cumplimiento de las normas
internacionales a lo largo de la cadena de la alimentación; es también
fundamental adoptar medidas para impedir la difusión de plagas y enfermedades
de animales y plantas, ya que ello puede tener efectos devastadores en la
higiene y la seguridad alimentaria, medidas que no consideren el uso
indiscriminado de agrotóxicos, que contaminan los recursos y son perjudiciales
para la salud humana.
La agroecología es una alternativa sostenible para la agricultura familiar, esto se
ha demostrado con escasos recursos y en contra de las grandes tendencias que
privilegian el uso intensivo de agroquímicos y mecanización; se debe apoyar el
fortalecimiento de la agricultura familiar mediante programas de investigación,
extensión y crédito.
Los frutos de la investigación agrícola y el desarrollo de la tecnología están
dominados por unas cuantas compañías transnacionales que comercializan
semillas, insumos y diversos productos agrícolas, encarecen sus costos y llevan
como propósito principal el lucro. Los gobiernos deben intervenir con legislación
actualizada para que los beneficios de la investigación sirvan a la humanidad y
contribuyan a abatir el hambre en el mundo.
Sin embargo, quedan muchos sectores de investigación básica y especialmente
de extensión, en los que los pequeños agricultores con el apoyo del gobierno,
pueden participar y contribuir a la seguridad alimentaria, sobre todo en la
pequeña y mediana agricultura. Las empresas privadas no estarían dispuestas a
realizar investigaciones en estos sectores, los cuales pueden ser fundamentales
para el desarrollo agrícola y la ordenación sostenible de los recursos naturales,
entre ellos se incluyen, en el caso de la investigación.
La mayor parte de las formas de desarrollo de tecnologías favorables a los
pobres y muchos de los planteamientos de desarrollo agrícola que no dependen
de un mayor uso de insumos adquiridos, como el manejo integrado de plagas o
las medidas para aumentar el contenido de materia orgánica de los suelos,
mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes (por ejemplo, mediante la fijación
biológica del nitrógeno) o conservar los recursos genéticos, debido a que los
usuarios directos de estas investigaciones son pobres y están dispersos y a que
son fáciles de copiar, su realización no resulta rentable para las empresas
privadas. Por consiguiente, la responsabilidad de la realización de
investigaciones en estos sectores debe seguir recayendo en el sector público.
Derecho a una alimentación sana.
Mejorar la atención familiar y las prácticas de alimentación y establecer hábitos
alimentarios adecuados para toda la vida es esencial para mejorar y mantener
una salud y nutrición satisfactorias.
Las campañas bien orientadas de comunicación y educación sobre la
alimentación y nutrición pueden tener también profundos efectos en la opinión
pública acerca de las cuestiones relativas a la pobreza, el hambre y la nutrición y
pueden ser instrumentos poderosos para generar la voluntad popular y política
necesaria para mitigar el hambre.
En dicha educación se debe insistir en la importancia de una alimentación
equilibrada desde el punto de vista nutricional y diversificada, a fin de reducir la
malnutrición de micronutrientes.
Evitar el alto consumo de alimentos chatarra y refrescos que tanto han penetrado
en las comunidades rurales, al punto que representan un gasto superior que el
consumo de leche o incluso que el gasto en educación.
Reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades a una alimentación
sana y suficiente y a la producción sustentable de alimentos. Asegurar el
derecho a la alimentación de todos los pueblos, para ello se debe instituir la
participación de las organizaciones de la sociedad civil, para la implementación
de programas de ayuda y distribución de alimentos.
Asegurar el derecho a la producción alimentaria, implementando políticas y
desarrollando programas sobre reforma agraria, promoción y desarrollo de
tecnologías apropiadas a las condiciones particulares de cada región, desarrollo
de la pesca artesanal, rescate de los sistemas tradicionales de producción
sustentable y fortalecimiento de las economías familiares.
Asegurar el derecho de acceso a la alimentación, mediante esquemas de
comercialización directa y sin el predominio de los monopolios comerciales,
promover la generación de empleo y autoempleo como forma de disminución de
las desigualdades sociales, reconocer, respetar y apoyar las formas de
producción agrícola, pesquera, ganadera, la caza y las prácticas de pastoreo de
las poblaciones indígenas, donde éstas han resultado eficaces para una buena
alimentación sin dañar los ecosistemas.
Asegurar el derecho a la nutrición, implementando mecanismos de control de
calidad de los alimentos, con una prioridad en la alimentación nutritiva de los
niños; los alimentos que no respeten los estándares de seguridad alimentaria, no
deben usarse en los programas de ayuda alimentaria, incluidos los alimentos
genéticamente modificados.
Se requieren políticas e instituciones adecuadas que permitan perfeccionar el
capital humano e incrementar su potencial, aumentar el acceso a los recursos
productivos, promover la generación de conocimientos y tecnología y su
adaptación en beneficio de los pobres y aumentar el acceso de éstos a los
mercados.
La calidad y transparencia de la función de gobierno y de administración pública,
la utilización de un enfoque participativo en la formulación y aplicación de
políticas a todos los niveles, y un decidido compromiso a favor de la igualdad del
hombre y la mujer son elementos indispensables de un marco normativo propicio
para los sectores pobres de la población.
Desarrollo productivo con equidad de género.
(Un enfoque de género)
Por casualidad cayó en nuestras manos un acta de nacimiento de una mujer de
cuarenta y tantos años de una comunidad de Guerrero, que decía en el apartado de
los datos de su madre: Ocupación.- Labores propias de su sexo; tratando el brillante
registrador de abreviar lo obvio para no explicar o al menos escribir: “labores
domésticas”.En efecto esto resultaría razonable, si consideramos que por ejemplo en
1970, de cada 100 mujeres mayores de 12 años, solamente 17 se dedicaban a
actividades denominadas económicas, es decir que más del 80 por ciento,
descontando las que estudiaban, estaban dedicadas a las labores domésticas.
Datos recientes del INEGI, señalan que en treinta años, la proporción de mujeres que
realizan actividades denominadas económicas, ha ascendido al 37 por ciento; en este
sentido, podemos entender que aún con los cambios en la legislación mexicana, con
el desarrollo tecnológico, con las mayores oportunidades para las mujeres, el papel
predominante que la sociedad le continúa otorgando a la mujer, es el del trabajo
doméstico y cuidado de los hijos. Oficialmente este tipo de trabajos en la actualidad
no se valoran económicamente, ya que el propio INEGI lo agrupa en el apartado de
población no económicamente activa.
Sin embargo, para este “privilegiado” sector de población femenina ingresado a la
población económicamente activa, su nuevo rol en el mercado de trabajo, no significa
dejar de realizar los trabajos domésticos, más bien significa un trabajo adicional a lo
que el registrador civil de Zitlala, Guerrero llamó “labores propias de su sexo”. En
efecto, el 95 por ciento de las mujeres mayores de 12 años, adicionalmente a su
ocupación o actividad, participan en los trabajos domésticos.
Estas estadísticas se hacen más contrastantes si las llevamos al medio rural, donde
las condiciones de vida de las mujeres, marcadas por mayores limitaciones, pobreza,
precarios niveles de salud, mínima escolaridad, escasas oportunidades de desarrollo,
etc. las condenan a relaciones sociales desiguales con el hombre, que con frecuencia
se manifiestan en discriminación, sumisión y maltrato.
México es un país de pobres, más de 40 millones de hombres y mujeres sobreviven
con menos de los requerimientos indispensables para tener una alimentación sana y
suficiente, baste mencionar que mientras:
El 10 por ciento de la población más próspera, recibe el 60 por ciento del
ingreso que se genera en el país.
El 60 por ciento de la población más pobre, recibe el 10 por ciento del ingreso
que se genera en México.
Se ha dicho con verdad que los más pobres de los pobres se encuentran en el medio
rural, habría que agregar que, “de entre los más pobres de los pobres, las mujeres
son todavía más pobres”, porque la mujer rural además de la pobreza económica,
padece la pobreza de oportunidades de superación, la pobreza de reconocimiento a
su trabajo y su aporte al desarrollo de su familia, la pobreza mental de quienes la
consideran solo un objeto de utilización y no un sujeto con capacidades y valores.
En la Unión de Organizaciones Económicas y Mujeres Productoras de Guerrero, A.C.,
integrada mayoritariamente por mujeres rurales e indígenas, nos hemos propuesto
trabajar por mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de las
mujeres del medio rural, promoviendo la realización de proyectos económicos,
productivos y sociales, impulsando la capacitación y la organización, defendiendo los
principios de equidad entre hombres y mujeres, considerando a la familia como la
unidad básica de producción y la célula donde padre, madre e hijos, participan en el
esfuerzo de lograr mejores condiciones de vida.
Adoptar una concepción de género, significa reconocer la necesidad de modificar una
serie de valores, creencias y posiciones que se han venido construyendo
históricamente para distinguir lo masculino de lo femenino, pero que esta construcción
ha derivado en detrimento de una relación equitativa en derechos y obligaciones entre
hombres y mujeres.
Entendemos el empoderamiento de las mujeres, como un proceso de desarrollo de
sus capacidades y valores, de toma de conciencia sobre su papel y contribución a la sociedad, de hacer respetar y hacer valer sus derechos y reivindicaciones como
ciudadanas, que les permita participar en las decisiones de su familia y de su
comunidad y lograr mejorar sus condiciones de vida en términos de equidad.
En nuestra Organización les decimos a nuestras compañeras, que la inteligencia, la
iniciativa, el liderazgo y la fuerza no son características exclusivas de los hombres;
como tampoco ser hogareña, comprensiva, frágil y amorosa, son valores inherentes al
ser mujer.
Sin embargo, en la lucha por alcanzar nuestros objetivos, nos encontramos ante
limitaciones adicionales de diverso tipo, que se convierten en serios obstáculos a los
esfuerzos de las mujeres por desarrollarse:
De carácter económico y social.
El trabajo y la presencia de las mujeres en el medio rural no es valorado en
igualdad con el hombre; en efecto, el trabajo familiar doméstico no es valorado
económicamente, pero tampoco socialmente pues se le considera inferior y
hasta vergonzante en una concepción masculina errónea.
De manera creciente la mujer campesina participa en las labores agrícolas al
igual que el hombre, pero también atiende el traspatio, sin descuidar la
preparación de los alimentos, la atención de los hijos y otras labores dentro de
la casa. Esta doble carga, tampoco es valorada con frecuencia por el hombre,
más bien la consideran normal y parte de las obligaciones naturales de la
mujer.
El impacto de la crisis económica del sector rural, ha tenido una manifestación
particular en la mujer; debido a la creciente migración dentro y fuera del país,
cada vez más mujeres asumen solas las obligaciones de la familia y de la
parcela. Se estima que una mujer de cada cinco familias en el sector rural, ha
quedado al frente de su familia y de la producción del campo.
Al no reconocerse ni social ni económicamente el trabajo de las mujeres en la
casa, su trabajo no representa valor y en el común de nuestras familias
mexicanas donde las relaciones entre hombre y mujer se manifiestan como
relaciones de poder, el único proveedor de bienes de valor es el hombre, por
tanto es el merecedor natural del poder; la mujer al no aportar dinero, está
obligada a obedecer y a realizar los trabajos domésticos.
Es muy frecuente que cuando le preguntamos a una mujer:
¿Usted trabaja?
Ella contesta: No, me dedico a las labores de la casa, o bien : "No, soy ama de
casa"
Los derechos y obligaciones de hombres y mujeres tampoco son equitativos en
el medio rural, es común que a las mujeres se les limite su derecho a participar
en asambleas, a aspirar a puestos de representación comunitaria, a expresar
sus opiniones y defender sus derechos. Aún así, hay mujeres que logran
imponerse a estas limitaciones, pero son señaladas socialmente y son puestas
a prueba con frecuencia ante la severa crítica de las posiciones machistas.
De carácter institucional.
Si bien en el discurso se reconoce la necesidad de la participación de las
mujeres en la formulación de sus programas y proyectos, en la práctica, las
instituciones tienen un comportamiento directivo, decidiendo por las mujeres el
tipo de programas y de proyectos, así como el tamaño y valor de los apoyos
que a juicio de las instituciones ellas necesitan. Así, predominan los proyectos
de bajo perfil como son máquinas de coser, molinos de nixtamal y gallinas de
traspatio. Más que proyectos productivos, se convierten en apoyos
asistencialistas.
Con frecuencia las instituciones asumen posiciones de control y liderazgo sobre
las organizaciones de base, pervirtiendo su función de servicio público, impidiendo el desarrollo de organizaciones autogestivas y suplantando los
liderazgos auténticos.
Teóricamente la existencia de programas y proyectos etiquetados para mujeres,
no excluyen a éstas, de aspirar a otros beneficios de otros programas de la
Alianza para el Campo, en la práctica, la atención a proyectos de mujeres se
reduce al escaso presupuesto que se haya asignado para dichos programas de
mujeres.
La actividad de la mujer está directamente relacionada con la atención y
cuidado de los hijos, su salud y educación; sin embargo, no existe
coordinación interinstitucional que permita impulsar proyectos integrales de
desarrollo comunitario, donde además del impulso de proyectos productivos, se
atiendan aspectos básicos de salud, educación y capacitación.
De políticas públicas.
En los últimos años se ha producido una incorporación masiva de mujeres al trabajo
asalariado o a la llamada economía informal, sobre toda en actividades físicomanuales,
por cierto muy mal pagadas, sin prestaciones sociales, sin derechos
laborales y sin seguridad en el trabajo, fenómeno que también ha impactado en el
medio rural.
Las mujeres jóvenes se incorporan al trabajo doméstico en las ciudades, otras, como
jornaleras agrícolas; sin embargo, no se ha desarrollado en forma paralela una
política de protección de sus derechos laborales.
¿Qué planteamos como Organización de mujeres?
Los proyectos productivos deben ser decididos y dirigidos por las mujeres y que éstos
sean un instrumento para su desarrollo y no para su sometimiento; porque el proyecto
no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para que la mujer obtenga capacidad
económica, mejores condiciones de vida, reconocimiento social y trato con equidad.
Por ello un conjunto de máquinas de coser, puede convertirse en un proyecto de
desarrollo, si permite a las mujeres aprovechar su fuerza de trabajo y potencial
productivo, obtener utilidades económicas, relacionarse socialmente y avanzar hacia
una etapa superior de organización y desarrollo; sin embargo estas mismas máquinas
pueden convertirse en instrumento de sometimiento, si su adquisición no fue una
decisión suya, si cada quien se la lleva a su casa, si no existe un proyecto
organizativo, si no existe un ingreso económico que retribuya su trabajo.
Los programas institucionales para mujeres, deben tener un carácter integral, lo que
implica una necesaria coordinación interinstitucional que permita atender las
necesidades básicas de las mujeres. No es suficiente echar a andar una
microempresa de mujeres, si no se contemplan servicios mínimos de salud y de
atención a los hijos, por ejemplo.
Las instituciones deben asumir en la práctica y no solo en el discurso, una concepción
de género; esto implica una modificación en los planes y programas institucionales,
en las normas y reglas e inclusive, en las formas de pensar y actuar de los servidores
públicos.
Por ello, demandamos mayores recursos para proyectos e iniciativas de las mujeres,
impulsando paralelamente procesos de organización, asistencia técnica y
capacitación, desde la decisión de las mujeres y sus organizaciones, no desde la
perspectiva institucional; con personal técnico apropiado por la organización y no
controlado y evaluado solo por la institución.
No todos los técnicos tienen una concepción de género, esta es una deficiencia
formativa de las Universidades y de la propia sociedad, por ello planteamos que el
personal técnico que trabaje con organizaciones de mujeres, debe ser seleccionado
por las propias organizaciones y formado con capacitación para que se convierta en
un promotor de desarrollo de las mujeres y no un elaborador de proyectos a destajo.
El derecho a saber... ¡hagámoslo valer!
Colaboración de Carlos García
El título de esta colaboración es justamente el slogan de la campaña que un grupo
de organizaciones sociales guerrerenses ha venido impulsando desde hace unos
meses para que los ciudadanos hagan valer su derecho a saber como una práctica
cotidiana reconocida por todos.
En otros términos, la campaña por el Derecho a Saber, tiene el propósito de
promover entre los ciudadanos el ejercicio de solicitar información útil a las
instituciones públicas; que las instituciones visibilicen la información de interés
público sin necesidad de que los ciudadanos tengan que solicitarla; que la
Caipegro (Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero)
asuma el papel de garante de este derecho eliminando su actual burocratismo,
opacidad y sesgo pro institucional en sus resoluciones; que el Congreso local,
mediante consulta a la ciudadanía, reforme la actual Ley de Acceso a la
Información para hacerla asequible a los ciudadanos; y que la cultura de
transparencia de la información pública sea una condición básica para
democratizar la gestión de las instituciones públicas y los procesos políticoelectorales.
El Derecho a Saber es el más esencial de entre los muchos derechos
que los ciudadanos podemos ejercer. Sin este derecho no es posible que ejerzan
plenamente sus derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales.
Mediante el ejercicio del Derecho a Saber, los ciudadanos pueden saber cómo se están gastando sus
impuestos; cómo están trabajando sus representantes populares y cuánto perciben
por su desempeño como servidores públicos; cómo se distribuyen los beneficios
del erario público; cómo se toman las decisiones sobre los asuntos de interés
público, y qué impacto han tenido estas decisiones.
Saber acerca de los asuntos de interés público es un derecho inalienable y
universal que permite orientar la participación de la gente hacia la construcción de
una sociedad más justa y democrática.
Este derecho es un logro reciente de la sociedad mexicana. Alcanzó status legal
con la aprobación de las leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (2002), y la de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (2005). Aunque estas leyes todavía tienen vacíos y deficiencias que impiden que
los ciudadanos ejerzan con libertad su Derecho a Saber, constituyen sin embargo
un paso importante en el camino hacia la democratización de la vida social y
política del país.
Afortunadamente, como resultado del ejercicio ciudadano de este derecho, las
deficiencias y vacíos existentes en dichas leyes fueron contrarrestadas en las
recientes reformas al artículo 6º constitucional que a la letra establecen que:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer
el principio de máxima publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se
sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y
con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados, y publicarán a través de los medios
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán
hacer pública la información relativa a los recursos
públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la
información pública será sancionada en los términos que dispongan las
leyes.
Desde julio del año pasado estas reformas ya son de observancia en todo el
país. Además, de acuerdo con los artículos transitorios del decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación, todos los congresos locales están
emplazados a realizar las modificaciones necesarias a sus leyes de
Transparencia a más tardar en julio de este 2008. Y en el mismo tenor, a más
tardar en julio del 2009, la federación, los estados y el Distrito Federal “deberán
contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso
remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos
de revisión”.
En Guerrero, no obstante este marco legal favorable, el ejercicio del Derecho a
saber todavía es incipiente. Por una parte, la ley estatal en la materia, tal como
se encuentra ahora, no es muy conocida entre los sujetos obligados
(instituciones públicas) ni entre los ciudadanos. Y, por ello, los ciudadanos que
han solicitado información pública se han topado con resabios autoritarios y
resistencias burocráticas, tanto en dependencias estatales como municipales.
Además, la Caipegro, el organismo encargado de difundir la Ley y vigilar su
observancia, no ha logrado darse a conocer; la mayoría de las resoluciones que
emite, después de un tortuoso procedimiento burocrático, no son favorables a
los ciudadanos solicitantes de información.
Sin embargo, a pesar de los obstáculos existentes, el Derecho a saber ya lo
empiezan a hacer valer algunos ciudadanos y organizaciones sociales. Las
solicitudes de los opositores a la presa La Parota para que la CFE informe de
los estudios de impacto ambiental, y a la UAG para que haga público el
supuesto Programa de Desarrollo Integral que elaboró y el presupuesto recibido
por ello, son acciones que han permitido poner a prueba el uso de las leyes de
Transparencia. Lo mismo las solicitudes elaboradas por la Red de Mujeres de
Coyuca de Benítez y Acapulco para que se mejoren los servicios de salud del
Programa de Oportunidades; o las solicitudes de la OCSS para que el
ayuntamiento de Atoyac de Álvarez transparente el presupuesto para Obras
Públicas del Ramo 33.
Hoy día, este ejercicio ya se está extendiendo hacia las instancias judiciales, el
Congreso local, las instancias electorales y los partidos políticos. El tortuguismo
y autoritarismo que los ciudadanos y organizaciones sociales han encontrado
en el camino han sido reiteradamente denunciados en reuniones y foros de
promoción del derecho a saber. Para contrarrestar esos obstáculos, un grupo
de organizaciones sociales han lanzado la campaña
El Derecho a Saber…¡hagámoslo valer!, invitando a los ciudadanos a solicitar
información (“¡hasta conseguirla!”), utilizando para ello las leyes de
transparencia como herramienta de apoyo. La difusión de carteles, folletos,
videos y reuniones informativas, son parte de la promoción de este derecho
fundamental. En este contexto se inscribe el Simposio
El Derecho a Saber, hagámoslo valer desde la ciudadanía, que a convocatoria
de la Universidad Campesina del Sur (Unicam-Sur) tuvo lugar el jueves en la
Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Acapulco. En este evento se expusieron
experiencias sociales de cómo el Derecho a saber ha resuelto problemas
cotidianos; y se denunciaron casos en donde los sujetos obligados han negado
la información.
El ejercicio del Derecho a Saber es el primer paso para romper el centralismo, el
manejo discrecional y político de los presupuestos públicos; y la impunidad de
los grupos de elite que creen que la información pública es de su propiedad. Por
eso, participar en campaña por el Derecho a Saber es una acción vital para que
los ciudadanos podamos participar de manera informada en los procesos
político-electorales, en la gestión de los recursos públicos y en la evaluación del
desempeño de nuestros gobernantes.
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